Desde USO Fuerteventura nos hacemos eco de este articulo que describe claramente la situación del sector de la Seguridad Privada, pero que perfectamente se hace extensible a la situación de los trabajadores de la España que nos toca vivir en el siglo XXI. Recordar también que en Fuerteventura y en las Islas Canarias el primer descuelgue fue el de Seguridad Integral Canaria hace ya dos años, siguiendole posteriormente Alcor y más recientemente la empresa Atlantisegur S.L. Disculpar si me olvido de alguna.
Las empresas de
seguridad privada se están lanzando a
la piscina una tras otra. En los últimos días se ha puesto de manifiesto
una estrategia para presionar a los trabajadores del sector. En
Aragón son 2.100 los vigilantes de seguridad, en toda España más de 100.000.
Las intenciones manifestadas por las asociaciones empresariales del sector (APROSER, FES y UAS) de
incumplir las condicionales salariales y laborales pactadas
con sus trabajadores han liberado una reacción en cadena a la que se
están sumando todas las empresas. Empezaron Prosegur y Securitas, las
dos grandes del sector, y ya les han seguido otras ocho. Esta ofensiva
solo se puede comprender si se interpreta como una demostración de
fuerza: O bien aceptan los trabajadores una
congelación salarial hasta 2017, o bien se atienen a las consecuencias.
Origen del conflicto
El convenio colectivo actual -válido hasta finales de este año-
contemplaba una subida salarial del 4% a principios de 2014. Las
empresas ya venían anunciando que no podrían asumir esta subida y el
Real Decreto publicado el 21 de diciembre en el BOE les otorgó la excusa definitiva para negarse a cumplir lo pactado.
Bajo el nombre 'Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar
la empleabilidad de los trabajadores', este decreto asienta la
obligación de cotizar por conceptos retributivos que antes estaban exentos, como los pluses de transporte.
En un momento normal, la medida podría considerarse positiva e
interpretarse como una inversión de cara a la futura jubilación del
trabajador y las incapacidades temporales por enfermedad. En época de
crisis, habrá que ver cuántas empresas no obligan a sus empleados a
asumir el coste.
Reacciones
Pocos días después de la publicación del decreto, llegó la reacción de
las empresas de seguridad. Calculan que al convertir en cotizable el
plus de transporte
aumenta un 2,07% el coste salarial y
ya han avisado de que, para asumirlo, no solo no están dispuestas a
llevar a cabo la subida de salarios pactada, sino que quieren congelar
los sueldos hasta 2017 y renegociar otros artículos del convenio. El
anuncio llega después de haber
reducido en 288 euros los ingresos de sus empleados en 2013.
Al negarse los sindicatos más representativos del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO) a aceptar la congelación,
las empresas han contraatacado y anunciado su intención de
descolgarse del convenio colectivo, modificar las condiciones de trabajo y algunas, incluso, de
despedir trabajadores.
Sin un convenio colectivo, se abriría la veda para las bajadas
salariales, los aumentos de jornada y entraría al terreno de juego el
monstruo de la
competencia desleal.
"Dicen que
el plus de transporte les aumenta los costes un 2,07% y les supone unos 280 euros por empleado y
usan esto como excusa para activar los mecanismos que otorga la reforma
laboral, descolgarse del convenio y reducir salarios. Pretenden que los
trabajadores carguen con todo el coste para que las empresas sean más
competitivas", resume Alejandro Gastón, el coordinador de
USO Aragón.
La subrogación, en juego
Para Mar Pelayo, responsable de la Federación de Seguridad Privada del
mismo sindicato, el mayor peligro de perder el convenio colectivo es que
la subrogación de los trabajadores en caso de cambio de empresa -algo muy frecuente en el sector-,
no sería automática.
"Cualquier vigilante que lleva más de cinco años en una empresa ha
sufrido una subrogación porque los clientes cambian de empresa de
seguridad según lo que éstas les ofrecen, pero los trabajadores se
mantienen en sus puestos".
Emilio Martínez, presidente del comité de empresa de Vinsa augura que sin un convenio colectivo
"se desatará una guerra de precios y de sueldos y el empleado perderá la estabilidad".
El secretario general de la
Federación de Servicios Privados de CC.OO., Guillermo García, prevé que
todas las empresas del sector se unirán a la ofensiva y se suma a la preocupación de USO en el tema de la subrogación y los salarios: "
Si se deja caer el convenio colectivo y se firman convenios de empresa desaparecerá directamente la subrogación y hemos visto en otros sectores que
cada empresa contratará a sus empleados".
Por eso CC.OO. y USO aseguran que sus sindicatos
no firmarán ningún descuelgue del convenio colectivo y tampoco ningún convenio de empresa, en el caso de que estos se propongan.
Antonio López, de
FES-UGT Aragón, expone que UGT comprende que una subida salarial del 4% es inasumible pero rechaza la congelación e
intentará conseguir una subida del 1,8% en 2014 y del 0,4% a partir de 2015.
Su sindicato critica también los métodos de presión 'del todo o nada'
utilizados por las empresas de seguridad para ser más competitivas.
"Nosotros no producimos tornillos así que para reducir costes atacarán
directamente a los salarios".
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/01/30/los_vigilantes_seguridad_entre_espada_pared_267776_300.html
Fuerteventura, 10 de Febrero de 2013
