En los últimos años, las Mutuas han adquirido cada vez más competencias relativas a la salud de los trabajadores y trabajadoras, sin que esto haya tenido efectos positivos en la mejora de la atención que prestan. Sin embargo, todo puede empeorar y ahora se pretende dar a estas entidades aún mayor poder. Por ello manifestamos nuestra oposición al Proyecto de Ley por los motivos siguientes:
Les entrega el poder total sobre la gestión de la IT por Enfermedad Común. Tendrán la potestad de declarar, denegar, suspender y anular el derecho a la prestación económica. Además, los pagos realizados por las Mutuas tendrán carácter provisional durante dos meses.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, abriendo la puerta a que les sea encomendada cualquier tipo de colaboración según se prevé el Proyecto de Ley.
Los Convenios entre las Mutuas y los Servicios Públicos de Salud para adelantar asistencias, tratamientos o pruebas a trabajadores de baja, pasarán a ser retribuidos a las Mutuas. Hasta ahora estos convenios se consideraban como inversión para acortar las bajas y reducir el pago de prestaciones, siendo por ello un ahorro para las Mutuas, que no se retribuía de otra forma. Pagar por ellos busca debilitar el sistema público de salud y es una forma de privatización encubierta.
Afecta a aspectos importantes en materia de prevención de riesgos. Las Mutuas deberán deshacerse de sus Sociedades de Prevención, creadas con patrimonio de la Seguridad Social, antes del 15 de Marzo de 2015. Las que no encuentren comprador serán liquidadas. Esto supone un cambio radical en el mercado de los servicios de prevención con consecuencias en millones de personas trabajadoras. Además algunas están llevando a cabo estas operaciones de venta de forma dudosa.
Con el dinero de las cotizaciones, las Mutuas podrán crear la Reserva Complementaria. Con ella podrán pagar el exceso de gastos de administración, sanciones administrativas y gastos procesales. Esto cambiará la situación actual, en la que los gastos indebidos se pagan con el patrimonio histórico, que es titularidad de las empresas asociadas, incluso en caso necesario, se puede exigir una derrama entre las empresas asociadas.
Creemos que lo que el Proyecto de Ley de Mutuas busca es favorecer los intereses de Gobierno y Empresarios:
Al disminuir los costes en prestaciones de incapacidad temporal por acortamiento de las bajas (aún poniendo en riesgo nuestra salud), los empresarios tienen los argumentos para solicitar la tan ansiada reducción de las cotizaciones sociales. Además consiguen reducir el absentismo, aunque sea a costa de nuestra salud.
El Gobierno consigue un ahorro en el gasto de la Seguridad Social que puede destinar a otros fines.
Las Mutuas asumen cada vez más facultades de gestión y control. Aunque la supuesta eficiencia de las mutuas es a costa de cargar buena parte de sus costes al Sistema Nacional de Salud.
El Proyecto de Ley de Mutuas no incorpora ninguna medida en relación a la Salud Laboral de las que si son verdaderamente importantes, tales como la actualización de los listados de enfermedades profesionales, o las mejoras en su detección y declaración.
Tampoco busca combatir la inadecuada calificación de las contingencias profesionales como comunes, habitual a causa de que las Mutuas se niegan a reconocer el origen laboral de las lesiones, o la sistemática calificación de la gravedad de los accidentes a la baja. A pesar de esto no establece ningún control para sus actuaciones sanitarias.
Desde la Unión Insular de Fuerteventura de U.S.O. nos sumamos a la campaña estatal de la Unión Sindical Obrera.
Fuerteventura, 09 de Septiembre de
2014
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