Defensa otorga la vigilancia de sus
cuarteles a una empresa que Defrauda a Hacienda.Tras
varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios
de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de
Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria
de un fraude fiscal por pagar en B conceptos
retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad
Integral Canaria, empresa propiedad del empresario Miguel
Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de
Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.
Según el acuerdo de la Junta de Contratación, la
compañía de Ramírez ganó el contrato para dar servicios de seguridad y control
a todos los edificios del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos
después de realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses.
Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la adjudicación
mediante una subasta electrónica en la que factor
principal para ganar la puja era el precio ofertado por las empresas. Es decir,
el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad Integral Canaria se impuso en la
subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, batiendo
a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis,
Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía
con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los
vigilantes de seguridad y 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo
que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se
estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada.
La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.
Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso
que asciende a 31,87 millones de euros por
dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó
el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías
pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57
millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el
método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal
era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es
que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco
favor a las arcas del Estado porque Hacienda la ha acusado de defraudar
2,3 millones entre 2008 y 2009 “al pagar fuera de nómina
conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de
retenciones como dietas”.
Horas extras no declaradas
Así consta en el informe que la Agencia
Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una
denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato
USO. El documento subraya que el delito habría consistido en “evitar practicar
retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral,
mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen”. Ramírez,
presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en
Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del
grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible
sanción.
Según consta en el texto, Seguridad Integral
Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres
zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios
contratos de seguridad para Patrimonio del Estado, “no
sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los
salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres
de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus
declaraciones de IRPF”.
La inspección de la Agencia Tributaria ha
corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria
suponían “un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados
en 2008 y un 27,9 % en 2009″. El informe subraya que para alcanzar la
facturación declarada, “Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como
mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en
2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el
primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que
se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que
disponía y con las horas extra admitidas”.
El texto prosigue que “dicha facturación requiere
como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica,
estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada
ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no
declaradas“.
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel Ángel Ramírez, un empresario de origen
humilde que se declara hecho a si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia
firme a tres años de cárcel por delito medioambiental al ampliar su chalet
utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran
Canaria. El 22 de noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.
El 4 de diciembre, Ramírez hizo la fiesta de
inauguración de un concesionario de coches en Las Palmas al que acudió como
anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria. Para
el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es “el ejemplo más puro
de emprendedor” por su capacidad para convertir “sueños en ideas, estas en
proyectos y finalmente en una empresa”.
Fuente: elconfidencial.com
Fuerteventura, 26 de Septiembre de 2014
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